martes, 22 de junio de 2010

COMUNICADO DE LA ALIANZA REGIONAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION E INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN EN VENZUELA


COMUNICADO DE LA ALIANZA REGIONAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION E INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN EN VENZUELA

La Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información denuncia y condena ante la opinión pública del continente americano, la reciente escalada contra las libertades informativas emprendida por el gobierno de Venezuela, que se manifiesta principalmente en los siguientes hechos:  

1.    A finales del mes de mayo del 2010, el Tribunal 25º de Control de Caracas, ordenó el inicio de un juicio contra Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del estado Zulia y ex candidato a la presidencia de la República, por la supuesta comisión de los delitos de difusión de información falsa e instigación pública al odio.

Álvarez Paz emitió opiniones críticas al gobierno venezolano en un programa del canal Globovisión, señalando que existía preocupación en la comunidad internacional por una serie de indicios que vinculaban a dicho gobierno con organizaciones terroristas y de tráfico ilícito de drogas. Se trata en estricto de un caso en el que se imputa a un opositor del gobierno, la emisión de opiniones, aunque urticantes o incómodas, protegidas por la libertad de expresión en el ámbito del debate político, estándar establecido por la Corte Europea de Derechos Humanos desde el caso Lingens Vs. Austria y asumido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios fallos.
       
2.    El 1 de junio del 2010 se publicó el Decreto Nº 7.454, a través del cual el presidente venezolano creó el Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA). El Decreto otorga al Director de la CESNA la facultad discrecional de declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualquier información, hecho o circunstancia” en su poder (art. 9º) y en ese contexto, recopilar de la sociedad cualquier información que dicho funcionario considere de interés nacional (art. 3º).

Esta norma vulnera la exigencia de que toda excepción a un derecho fundamental, como es el caso del acceso a la información pública y la libertad de expresión, debe estar establecida de manera expresa en una ley del Congreso, conforme al artículo 25º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El contexto de contradicción a la democracia en el que dicta este Decreto presidencial, junto a la discrecionalidad anotada y la ambigüedad de sus términos, lo convierten sin lugar a dudas en un peligroso instrumento para la ya quebrantada vigencia de las libertades informativas en Venezuela. 

3.    La primera semana de junio en el marco de la XL Asamblea General de la OEA, el gobierno de Venezuela intentó que se aprobara una resolución en la que se condicionaba la participación de la sociedad civil en este organismo, a lo que establezca la legislación interna de los países miembros. Esta pretensión, que gracias a la oposición de la sociedad civil de las Américas y de la opinión mayoritaria de los gobiernos no se aprobó, se encontraba en la línea de limitaciones que ya se aplican en Venezuela contra organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y que denuncian la corrupción.

4.    A inicios de la segunda semana de junio del 2010, el Tribunal 5º de Juicio de Valencia condenó al periodista Francisco Pérez a la pena de prisión por tres años y nueve meses, inhabilitación política y prohibición de ejercer el periodismo, así como una multa superior a 18 mil dólares. El periodista fue denunciado por un el alcalde de dicha ciudad, que también es miembro del partido gubernamental, por haber publicado una nota periodística en la que daba cuenta de la existencia de nepotismo en el municipio que gobierna.

Además de la evidente desproporción de la condena nos encontramos ante una sentencia por desacato, figura penal rechazada por la Corte y la Comisión interamericanas de Derechos Humanos, por ser contraria al principio de igualdad y la libertad de expresión, porque otorga una protección privilegiada al honor de los funcionarios públicos frente a las críticas de los ciudadanos por el ejercicio de sus funciones.

5.    El 14 de junio, el gobierno venezolano intervino el Banco Federal de propiedad de Nelson Mezerhane, principal accionista del canal Globovisión, que mantiene una línea editorial crítica al gobierno. El Banco es acusado por “falta de liquidez” situación que ha sido negada por Mezerhane. Este hecho se suma a la persecución judicial que se viene verificando contra el otro accionista principal del canal Globovisión, Guillermo Zuloaga, quien desde mayo del 2009 soporta junto a su hijo una acusación por los delitos de “usura genérica” por presumir que se dedicaban a la especulación de precios en la venta de automóviles.

En marzo del 2009 Zuloaga fue detenido luego de ser acusado por diputados oficialistas de “vilipendio” al presidente venezolano, a quien Zuloaga responsabilizó por las muertes de manifestantes en el 2002, en el marco de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. Zuloaga y su hijo se encuentran en la clandestinidad desde la semana pasada, luego de que se ordenara la detención de ambos pocos días después que el presidente venezolano increpara públicamente a la justicia por permitir que Zuloaga estuviera en libertad.   

Para la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información, la valoración conjunta de todos estos hechos generan certeza sobre voluntad del gobierno venezolano de eliminar la prensa independiente, criminalizar las opiniones críticas u opositoras y ejercer un inaceptable control gubernamental sobre la información que debe circular en Venezuela.

Estos hechos forman parte de un proceso creciente de deterioro de la democracia iniciado hace once años en el hermano país. Llamamos la atención que, en buena medida, esta situación ha sido y viene siendo posible por la complacencia de algunos Estados y organizaciones civiles que condicionan la defensa de la democracia y las libertades informativas a la ideología que profesan sus violadores.

Siendo ello así, la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información, llama a la condena general contra las agresiones a la democracia y a las libertades informativas en Venezuela. Expresa su solidaridad con el pueblo venezolano, sobre todo con los periodistas víctimas de agresiones gubernamentales y anuncia que se mantendrá vigilante del desarrollo de los acontecimientos en el hermano país.